Nueva normativa fortalece controles contra el lavado de activos y establece restricciones al uso de dinero en efectivo
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) puso en vigencia un nuevo reglamento que endurece los controles sobre las operaciones financieras en Ecuador y le otorga la facultad de inmovilizar fondos y congelar transacciones consideradas sospechosas hasta por un plazo máximo de 72 horas.
La medida, catalogada como cautelar, es de cumplimiento inmediato y carácter excepcional, y podrá aplicarse mientras se activan los mecanismos judiciales correspondientes para determinar posibles delitos financieros, como lavado de activos o financiamiento ilícito.
Entre los principales cambios, la normativa prohíbe el uso de dinero en efectivo en transacciones iguales o superiores a 10.000 dólares, obligando a que estos montos se canalicen exclusivamente a través del sistema financiero formal, mediante transferencias, cheques u otros medios electrónicos que permitan trazabilidad.
Además, se establecen controles más estrictos para personas políticamente expuestas (PEP), quienes estarán sujetas a una vigilancia reforzada sobre sus movimientos económicos.
El reglamento también ratifica la responsabilidad de bancos, cooperativas y demás entidades financieras de implementar mecanismos de control interno, monitorear operaciones inusuales y reportar de forma obligatoria cualquier irregularidad a la UAFE.
Reacciones ciudadanas
Tras conocerse la medida, el anuncio generó debate en redes sociales. Algunos ciudadanos expresaron preocupación por posibles afectaciones a actividades cotidianas, como la compra o venta de vehículos y bienes de alto valor, mientras otros cuestionaron si la norma se aplicará de manera equitativa para todos los sectores.
Especialistas en prevención financiera, sin embargo, señalan que estas disposiciones buscan reducir el uso de efectivo en grandes montos, práctica comúnmente asociada a economías informales y delitos financieros.
Objetivo del control
Con este reglamento, el Estado busca fortalecer la transparencia, combatir el lavado de dinero y mejorar la supervisión del sistema financiero nacional, alineándose con estándares internacionales de prevención de delitos económicos.
Las autoridades recordaron que el cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio y que su incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas y legales
