9 de diciembre de 2025.— Un grave atentado contra la libertad de prensa se registró la madrugada de este martes en la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, en el norte de Guayaquil, cuando guardias de seguridad privada agredieron físicamente a periodistas que realizaban la cobertura de un incendio ocurrido en un local del complejo.
Según el reporte de los comunicadores afectados, equipos periodísticos de TC Televisión y Ecuavisa se encontraban trabajando desde la vía pública cuando un grupo aproximado de 15 guardias de seguridad los interceptó de forma violenta, exigiéndoles que dejaran de grabar y entregaran el material audiovisual. Posteriormente, los periodistas fueron perseguidos y golpeados con toletes.
Producto de la agresión, el reportero Jeremy Obando y el camarógrafo Eduardo Molina, de TC Televisión, sufrieron heridas de consideración en la cabeza que requirieron atención médica y suturas, mientras que otros comunicadores presentaron contusiones leves. Los ataques cesaron únicamente tras la llegada de la Policía Nacional.
El hecho generó una inmediata reacción de rechazo por parte de autoridades locales, gremios periodísticos y ciudadanos. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, calificó el incidente como “inaceptable” y dispuso la terminación unilateral del contrato con la empresa de seguridad que prestaba el servicio en la terminal.
Por su parte, la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil emitió un comunicado oficial en el que condenó categóricamente cualquier forma de violencia contra periodistas y usuarios, y anunció que, de manera temporal, la seguridad del complejo será asumida por la empresa municipal Segura EP, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión señalaron que este suceso constituye una grave vulneración al derecho a informar y a ser informado, más aún cuando la cobertura se realizaba en un espacio público y en el ejercicio legítimo de la labor periodística.
El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de protección a periodistas, así como el control y supervisión de las empresas de seguridad privada que operan en espacios de alta concurrencia ciudadana.
Las autoridades competentes anunciaron que se iniciarán las acciones legales para determinar responsabilidades penales y administrativas, mientras el sector periodístico exige garantías reales para el ejercicio seguro de la comunicación en el país.
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