La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, una normativa que busca reformar la administración y control de los centros carcelarios del país.
Entre los puntos más relevantes del proyecto se incluye una disposición transitoria que establece que las personas privadas de libertad deberán realizar trabajos dentro de los centros penitenciarios para cubrir sus necesidades básicas. La medida forma parte de una propuesta más amplia destinada a reorganizar el sistema penitenciario y fortalecer los mecanismos de control en las cárceles ecuatorianas.
El informe fue aprobado con siete votos a favor dentro de la comisión legislativa y será remitido al pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador para su segundo y definitivo debate, en el que los legisladores decidirán si el proyecto se convierte en ley.
Durante la sesión, la presidenta de la comisión y asambleísta del movimiento Acción Democrática Nacional, Inés Alarcón, defendió la iniciativa señalando que la reforma busca recuperar el control del sistema penitenciario y fortalecer la acción del Estado frente al crimen organizado.
“Nunca más los grupos de delincuencia organizada ni los cabecillas. Hoy reestructuramos los centros penitenciarios y le damos las herramientas jurídicas al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores para que puedan actuar conforme la ley, del lado de los ecuatorianos”, manifestó la legisladora.
La propuesta no contó con respaldo unánime dentro de la comisión. Los asambleístas vinculados al correísmo votaron en contra de la disposición relacionada con el trabajo obligatorio de los reclusos, argumentando desacuerdos con ese punto del proyecto.
El proyecto de ley forma parte de las iniciativas impulsadas por el Legislativo para enfrentar la crisis carcelaria que atraviesa Ecuador, caracterizada en los últimos años por episodios de violencia, presencia de organizaciones criminales y problemas estructurales dentro de los centros penitenciarios.
El debate final en el pleno definirá si la normativa entra en vigencia y qué cambios se aplicarán en el sistema penitenciario nacional.
