Más de mil personas que integran la comunidad Cofán ´ Sinangoe´, celebran el fallo de la CC y piden al Estado se aplique la consulta previa libre e informada para tomar decisiones en sus territorios.
La historia se remarca a enero del año 2018, el Consejo de ancianos apoyados por los habitantes de la comunidad A’I Cofán, con base en sus propios derechos deciden organizarse para proteger sus territorios.
Cierto día comuneros y guiados por la guardia indígena emprenden recorridos por el río Aguarico para verificar cualquier actividad minera, maderera o daño al medio ambiente. En esa ocasión encontraron varias retroexcavadoras dentro del río Aguarico, sin que se conozca a quien pertenecía, fue lo que dio a conocer Jorge Acero, patrocinador jurídico de la comunidad.
Los comuneros basándose en investigaciones efectuadas por varias ONGs descubrieron que el Estado ecuatoriano había entregado 20 concesiones para explotar oro y otras 32 se encontraban en proceso, en un área total de 35 mil hectáreas al margen derecho del río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos.
Violaron el derecho a la consulta previa libre e informada
Tras ubicar el sitio exacto identificaron la realidad que ocurría: efectos negativos a la pesca, ruidos, bullas de retroexcavadoras, apertura de trochas, ríos contaminados. Actividades que ejecutaban violando el derecho a la consulta previa libre e informada de la comunidad ´Sinangoe´, establecido en el Art. 57 de la Constitución ecuatoriana.
Según Jorge Acero, esta acción condujo a la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos junto a los pobladores, a presentar la respectiva denuncia y demanda en contra de la empresa (All Metals S.A.) y al Estado ecuatoriano.
En octubre de 2018, la Corte Provincial de Sucumbíos aceptó una acción de protección presentada por la comunidad Cofán contra cuatro entidades: Ministerio de Minería y Recursos No Renovables, la entonces Secretaría del Agua, la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio de Ambiente.
La presión de parte de las comunidades fue amplia. El 18 de enero de 2022, entregaron 365.515 firmas recogidas a escala mundial para exigir que el máximo tribunal (CC) genere jurisprudencia sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.
Una audiencia y fallo histórico
Es por aquello que el pasado 4 de febrero del 2022, se reunen los Jueces de la Corte Constitucional y emite un nuevo fallo o sentencia la que es considera histórica. Todo se deriva del análisis del fallo de la Corte Provincial de Sucumbíos que en 2018 obligó al Estado ecuatoriano a revertir las 52 concesiones mineras de oro entregadas en las riberas del Río Aguarico y sus afluentes, afectando a la comunidad A’i Cofán de Sinangoe.
Así mismo, indicó la Corte, para que la consulta previa sea eficiente, el Estado debe tener flexibilidad suficiente para modificar la propuesta o diseño inicial del proyecto consultado e incluso cancelarlo sobre la base de los resultados de la consulta, a través de un diálogo intercultural genuino.
La sentencia marca un importante precedente sobre el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a decidir sobre su territorio y del que dependen para garantizar sus prioridades y modos de vida. Además de reconocer expresamente el derecho de autodeterminación, por sus caracteres de interculturalidad y plurinacionalidad.
Gobierno ecuatoriano busca ampliar producción petrolera y minera
La sentencia llega en un momento crucial para el Estado, justo cuando el gobierno de Guillermo Lasso, ha puesto en marcha los Decretos 95 y 151, que buscan duplicar la producción de petróleo y minería en todo el país, lo que es considerado por los indígenas como una amenaza grave para los territorios indígenas en la Amazonia donde se encuentra la gran mayoría de petróleo y minerales a nivel nacional.
La sentencia de la CC es de última instancia, no hay opción de apelar, tan solo podrían los accionantes acudir a una solicitud de aclaración, pero que en nada cambia lo dictaminado, expuso el jurídico Acero.
¿Qué es la consulta previa, libre e informada?
La consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental de los pueblos y nacionalidades indígenas garantizado por la Constitución. Es una obligación del Estado entregar información previa y verdadera a quienes vivan en los territorios donde se planee que empresas públicas o privadas hagan actividades extractivas, para que decidan si quieren o no que se realicen esas actividades.
La comunidad Cofán de Sinangoe, donde habitan 37 familias y más de mil personas, vive de la pesca, la cacería, el cultivo y el cuidado de la chacra. Sus territorios biodiversos se extienden en afluentes vulnerados por la minería. Por el norte, se despliegan a los ríos Cofanes y Aguarico.
