Así titula el manifiesto de los demandantes del caso mecheros, este viernes 26 y sábado 27 de Julio, una comisión de la Asamblea Nacional y Petroecuador, harán un recorrido por Orellana y Sucumbíos.
En la Acción de Protección No. 21201-2020-00170, presentada en febrero del 2020 por las 9 niñas del Caso mecheros, la función Judicial ordenó en julio de 2021 al estado ecuatoriano, mediante sentencia, la eliminación progresiva de los mecheros de gas contaminantes de la industria petrolera, priorizando los más cercanos a los centros poblados.
Han pasado 36 meses del dictamen judicial y el gobierno de Daniel Noboa se ha esforzado en construir como verdad, el falso discurso de que están cumpliendo la sentencia. Para ello se han valido de verdades a medias, de medios de comunicación y de asambleístas que, en vez de defender al país, a sus provincias, a su territorio y a su gente, se ha subido a la camioneta del poder y ofrecen su cara, su discurso y sus actos para defender la impunidad.
Así, manipulan a la opinión pública, a través de visitas preestablecidas, a sitios previamente readecuados, con la finalidad de “demostrar” que están cumpliendo la sentencia. Acción que contrasta con la terrible realidad de toda una población que vive cercana a los mecheros de gas, que sufre consecuencias graves a su salud por la acción contaminante de los mecheros y de los constantes derrames de petróleo, debido a lo obsoleto de los oleoductos y a la pésima gestión técnica, antes de Chevron, hoy de EP Petroecuador.
Ante la indolencia, impunidad y corrupción que deriva en la población amazónica sufra desde hace 50 años las consecuencias de este pésimo manejo de la extracción petrolera, quienes conforman el colectivo Eliminen los mecheros, ante la invitación realizada por el asambleísta Guido Vargas mediante oficio del 2 de julio del 2024 para participar en un nuevo recorrido de “verificación de cumplimiento de sentencia” manifestaron:
- Los accionados son los Ministerios de Energía y Minas, de Salud Pública y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición ecológica. Las accionantes son nueve niñas de las provincias de Orellana y Sucumbíos. La agenda de campo para demostrar el incumplimiento de la sentencia, por parte de los tres ministerios accionados, debe ser propuesta por las accionantes y los colectivos que hemos sido parte activa del proceso. Aceptar una agenda propuesta por uno de los accionados es una ofensa a la verdad de los hechos.
- La Asamblea Nacional y en este caso particular, la función de ustedes señores Asambleístas, es FISCALIZAR. Un proceso real de fiscalización es visitar los sitios que son denunciados por los accionantes. Es escuchar a las accionantes en los y comunidades que ellas viven y circulan. En este caso particular, ustedes señores y señoras asambleístas, están socapando el incumplimiento de la sentencia por parte de los accionados. Está claro que no están fiscalizando, están encubriendo posibles actos de corrupción.
- Noten ustedes señores Asambleístas que en la reunión 071 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, realizada el 18 de mayo del 2022, el ex presidente de la empresa EP Petroecuador, reconoció que el Estado ecuatoriano estaría quemando por lo menos 400 millones de dólares en los Mecheros de la Amazonía Ecuatoriana. Es decir, que con pleno conocimiento de esta comisión, durante los años 2023 y 2024, se han quemado por lo menos 800 millones de dólares.
- Durante el año 2022 la empresa Estatal EP Petroecuador convocó por tercera vez al concurso de licitación para asignar el contrato de captura y aprovechamiento de gas en la Amazonía Ecuatoriana y que el 21 de abril del 2023 Petroecuador declaré desierta la licitación, pese a que existieron al menos 17 empresas interesadas y al menos una de ellas cumplió con todos los requisitos establecidos por Petroecuador.
Más de 500 pacientes con cáncer de las provincias de Sucumbíos y Orellana, registran el índice más alto de esta enfermedad en comparación al resto del país, todo esto debido a la contaminación petrolera, desde el año 2021 hasta la presente fecha las ayudas establecidas en la ley amazónica dejaron de ser recibidas por estos pacientes, quienes debido a la falta del recurso económico tuvieron que abandonar sus tratamientos, mientras que otros ya han fallecido.
