La presencia de helicópteros en el territorio Cofán de Sinangüe, parroquia Puerto Libre, cantón Gonzalo Pizarro, para retirar a elementos militares, permitió confirmar de que fueron espiados en sus acciones comunitarias, señala un representante de la guardia indígena de la comunidad Cofán, Sinangüe.
Estas acciones de parte del ejército ecuatoriano, también obedecerían a otros intereses del gobierno, agrega el dirigente, quien supone que la retaliación contra ellos obedece al paro de octubre del 2019. “Estoy pensando que va por ahí, por las persecuciones políticas que están realizando, por las acciones del paro y que van por ahí las acciones de investigación y de ese espionaje que realizan en la comunidad”. Es por eso que queremos una respuesta clara, expresó.
Nos sentimos perseguidos por el mismo Estado, por el ejército. Tendrán sus conclusiones por qué estuvieron en nuestro territorio, pero queremos que se aclare, que nos informen y nos pidan disculpas públicas por estas acciones, dice el representante de la guardia indígena. “Si hay algún propósito desde el ejército que estén intentando hacer, deberíamos tener respuestas desde los ministerios, en este caso del Ministerio de Gobierno, nos den una respuesta sobre este tema”.
Lo que motivó a elementos del ejército, a realizar este tipo de intromisiones, se presume, por las reuniones que mantenía la guardia comunitaria en el propósito de coordinar acciones, propias de su organización.
En Sinangüe, la presencia de minería legal e ilegal ha sido la tónica de los últimos años, por lo que la comunidad, con su guardia comunitaria, siempre ha estado cuidando para que sus territorios ancestrales no sean explotados por elementos externos de las empresas mineras, como de la minería ilegal. En ese sentido, el dirigente lamenta que el gobierno estaría defendiendo la minería, considerado como muy grave, dicen los dirigentes.
Jorge Acero lamenta que el Estado tenga esta actitud con la comunidad
El doctor Jorge Acero, desde que la comunidad entró en litigio con el Estado, hasta que hiciera retirar a las empresas mineras de sus territorios, estuvo en calidad de asesor y acompañó a la comunidad en todo este proceso de demanda al Estado. Acero, en calidad de defensor de los derechos humanos, siempre estuvo con ellos.
Lo que supone esto, trasladado a nuestra visión mestiza, sería esto, dice Acero: “entraron en mi casa, sin mi permiso, para saber, qué se estaba hablando”. Esto ha agravado que la Corte Provincial de Justicia (CPJ), en noviembre del 2018, dijo que se han violado los derechos constitucionales de Sinangüe; especialmente su derecho al territorio. Su derecho a sus territorios, está íntimamente vinculado con su supervivencia y sus derechos implican decidir la forma cómo quieren cuidarlo, protegerlo; en cómo se organizan para realizar esa defensa territorial. La guardia indígena hace su recorrido para detectar la presencia de invasores dentro de su territorio; eso los jueces lo reconocieron; lo que implica que cualquier otra institución del Estado debe respetar y además debe garantizar que esos derechos sean protegidos, subrayó el abogado.
Lo que la comunidad denunció, es que, en este caso, el ejército ecuatoriano no ha respetado esos derechos, orden de la CPJ, y también ha violentado esos derechos.
La comunidad trata de protegerse de otros invasores, mineros, por ejemplo, sobre los cuales habría que responder de parte de todas las instituciones del ejecutivo, empezando por el ejército ecuatoriano; pero, Ministerio del Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) Ministerio de Energía, ¿qué hacen frente a una creciente minería ilegal en las cabeceras del río Aguarico?, preguntó Acero.
En cambio, dice Acero, en relación a elementos del ejército, “entran a una comunidad a escondidas, comunidad que está protegida por una sentencia; violando los derechos de esa comunidad. En una actividad de organización, no tiene nada que ver el ejército ecuatoriano, de cómo la comunidad ejerce esos derechos.
Lo que parecería que el gobierno ecuatoriano no solo no quiere cumplir la sentencia, sino que además tiene algún tipo de objetivo, de seguimiento o vigilancia a la comunidad que denunció la violación a sus derechos y que la CPJ le dio la razón.
Es curiosos que el último día, explica Jorge Acero, el ejército, que no se había dejado ver en los días previos, se visibiliza a través de la presencia de helicópteros, sobrevolando la comunidad y aterrizando en sus cercanías para retirar sus tropas de la zona. “Por todo esto, quien debería responder es el Ministerio de Defensa”, concluyó.
