El 20 de diciembre del 2022 se publicará en el Registro Oficial la nueva reserva hídrica que tienen las provincias fronterizas.
Sucumbíos; La nueva reserva hídrica empieza en el sector de El Carmelo, en la provincia del Carchi y se extiende hasta Puerto Libre, en Sucumbíos; quienes habitan en este corredor hídrico son beneficiarios directos de estas fuentes de agua.
Según expresa Pablo Fajardo, director del Ministerio del Ambiente en Sucumbíos, desde la parte alta en Sucumbíos, nace el río Chingual que luego de recorrer un buen trayecto se une con el río Cofanes y nace el Aguarico, de donde se benefician del agua, algunas poblaciones.
Áreas de protección y organizaciones que aportaron al informe
El funcionario detalla que actualmente el país, cuenta con siete áreas de protección hídrica, APH, entre ellas: Mojanda, Quillanga, Santa Elena, Simiatu, Arequipe y la más grande ubicada en Aguarico, cuya extensión es 101.069 hectáreas de área protegida.
Los estudios, que determinaron la creación de dicha área hídrica, iniciaron el 29 de agosto y concluyeron el 29 de noviembre del 2022. A partir de esa fecha, se reunió todos los documentos y se realizó el informe respectivo, se contó con el aporte de entidades no gubernamentales como The National Conservation TNC, Conservatión International, CI, IKIAM, FAO NN UU, el técnico de la Zonal de Ambiente y la asesora jurídica.
Pobladores descontentos por minería ilegal
Considerando que toda el área ha sido afectada por la minería ilegal, la población sentía desconsolación por los abusos cometidos por las empresas mineras y dejaban sus huellas de impactos al ambiente. Hoy se han interesado en recuperar en beneficio propio esos recursos.
Precisamente el pasado jueves socializaron el tema y el proceso a seguir. Además, se buscará la conformación del Gabinete con todos los niveles de Gobierno, para que asuman tareas en el área de protección.
Existe la advertencia en caso de que alguna empresa minera quiera invadir esa área, ahora protegida, tendrán que sujetarse a las sanciones de Ley, ya que los beneficiarios de este sector cuentan con una sentencia de la Corte Constitucional, donde dictamina la protección de la misma.
