La proforma 2026 evidencia que la mayor parte del presupuesto universitario seguirá concentrada en remuneraciones. Si se evalúa los últimos tres años, las universidades ejecutan menos de lo que les asignan. ¿Recorte o gestión deficiente?
Según la Proforma Presupuestaria 2026, elaborada por el Gobierno de Daniel Noboa, las instituciones del sistema de educación superior, que incluye universidades públicas, escuelas politécnicas, instituciones cofinanciadas, CACES y CES, recibirán $1.523,48 millones para el próximo año. Esto es superior en un poco más de $58 millones a los $1.449,27 millones presupuestados para 2025.
En otras palabras, en términos generales, comparando el presupuesto 2025 con el presupuesto 2026, se está asignando más dinero para el próximo año. Las diferencias ocurren cuando se analiza universidad por universidad; y tienen que ver con la capacidad de gestión que han tenido para ejecutar lo que les han asignado en años anteriores.
El 61% de los presupuestos de las universidades se van a sueldos
De los más de $1.500 millones presupuestados para 2026, el 61%, es decir $926,60 millones se destinará únicamente a egresos en personal, principalmente para el pago de remuneraciones y beneficios de ley a los docentes y autoridades universitarias amparados bajo la LOES.
En los documentos enviados a la Asamblea por el Gobierno de Noboa junto con la proforma 2026 se precisa que el cálculo para el gasto en remuneraciones se basa en el devengado del ejercicio 2025 y considera escalas salariales vigentes, aportes patronales, fondos de reserva, décimos, horas suplementarias y demás componentes que conforman la masa salarial.
En total, las universidades públicas cuentan con 22.592 docentes y autoridades académicas, un número que explica la magnitud del gasto en este rubro.
La segunda asignación más grande son los bienes y servicios de consumo, con $269,70 millones (18% del total). Este presupuesto cubre el funcionamiento operativo de las instituciones: servicios básicos, limpieza, mantenimiento, vigilancia, contratación de docentes bajo contratos civiles, capacitaciones y otros servicios generales indispensables.
Pese a ser el segundo rubro más significativo, continúa estando muy por debajo del gasto en personal, lo que deja poco margen para mejorar la infraestructura, fortalecer laboratorios o ampliar oferta académica.
¿El Gobierno de Daniel Noboa recorta presupuestos o muchas universidades ejecutan mal?
En los últimos días se ha desatado todo un debate público en el que se acusa al Gobierno de Noboa de presupuestar un recorte de recursos de entre $125 millones y $129 millones a los universidades públicas para 2026.
A la Universidad Central de Ecuador se le asignó un presupuesto de $149 millones en 2024; pero a diciembre de ese año solo había devengado $81,8 millones. En 2025, se le asignó un presupuesto de $157 millones; pero a noviembre de este año solo había devengado $74 millones.
En el caso de la Universidad de Cuenca, se le asignó un presupuesto de $91 millones en 2024; pero hasta finales de ese año solo devengó $85,1 millones. En 2025, la asignación fue de $93 millones, pero hasta noviembre se devengó $71,4 millones.
Hay casos de universidades que parte de un presupuesto más bajo, pero terminan devengando mucho más. Así, por ejemplo, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí partió con un presupuesto de $72 millones en 2024; y a diciembre de ese año había devengado $99,2 millones. En 2025, partió de un presupuesto de $73 millones, y a noviembre ya había devengado $90,4 millones. Para 2026, el Gobierno ha establecido un presupuesto de $81 millones.
Napoleón Santamaría, abogado tributario, apuntó que “se les asigna y no ejecutan. Lo que dicen ejecutar, mucho corresponde a turismo académico, viajes sin sentido, investigaciones impertinentes, gastos administrativos impresentables y, bajísimo, bajísimo gasto de inversión”.
En otras palabras, si las universidades quieren más presupuestos, deben gastar mejor y transparentar sus cuentas. (JS)
