En la Comisión de Régimen Económico, Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), dio a conocer las cifras de recaudación del primer semestre de 2020. Precisó que en este período se recaudó 6326 millones de dólares que comparado con los 7654 millones recaudados en el primer semestre de 2019, refleja un decrecimiento del 17.4 %.
Manifestó que, en los meses de enero, febrero, marzo de 2020 se registró una recaudación de crecimiento del 3 % frente al 2019. No obstante, por efecto de la pandemia, el confinamiento, la baja en las ventas, la disminución en la producción en varios sectores y el bajo consumo, en abril, mayo y junio existen decrecimiento en cada uno de estos meses.
Así, en abril se recaudó 1346 millones de dólares, lo cual reflejó un decrecimiento del 35 % comparado con el 2019. Lo propio ocurrió en mayo, con el mismo decrecimiento; mientras que en junio fue menor con un 26 %, cuando se recaudó 764 millones de dólares.
En cuanto a la recaudación total del primer semestre, dijo que los ingresos por impuestos externos, sufrió un decrecimiento del 25 %. Se recaudó por IVA e ICE a importaciones 758 millones de dólares, frente a los 1013 millones recaudados en el primer semestre de 2019. El Impuesto a la Renta tuvo un decrecimiento del 16 %, se recaudó 2387 millones de dólares frente a los 2840 millones del primer semestre de 2019.
Señaló que por IVA interno se recaudó 1976 millones versus los 2495 millones recaudados en el primer semestre de 2019. Reiteró que los decrecimientos fuertes comenzaron en abril mayo, junio, meses en los cuales incluso hubo caidas mensuales del 50 % al 55 %.
Marisol Andrade dijo que Pichincha y Guayas abarcan cerca del 85 % de la recaudación total. Pichincha recaudó 3226 millones de dólares, con un decrecimiento del 20 %. Guayas recaudó 2139 millones con un decrecimiento del 10 %.
Inquietudes
La legisladora Lira Villalva pidió a la Directora del Servicio de Rentas Internas precise cuál es el impacto que tuvieron las leyes económicas aprobadas en el 2019 por la Asamblea Nacional, la diferenciación antes y después de la pandemia, así como los rubros que dejó de percibir por derogar la Ley del Impuesto Verde y por la disminución de agentes de retención.
Gabriela Larréategui solicitó se precise cómo prepara el SRI la medición de gastos tributarios; mientras que el presidente de la Comisión, Franco Romero, preguntó si en el segundo semestre de 2020 continuará la caída de recaudación tributaria o se observará una recuperación.
Respuestas
Marisol Andrade indicó que durante el primer trimestre del presente año se recaudó 3490 millones de dólares, que comparado con el 2019, reflejan un crecimiento del 3 %. Por efecto de la derogatoria del impuesto a la contaminación vehicular se dejó de percibir 100 millones de dólares anuales, además, 5 mil millones de dólares por exenciones y exoneraciones. En este marco, la funcionaria pidió a la mesa legislativa realizar una reforma integral para la optimización del gasto tributario, a fin de identificar la lista de exoneraciones, exenciones, devoluciones y cuáles deben existir y cuáles no.
Respecto al cálculo previo de gasto tributario dijo que es complicado hacerlo. Frente a la consulta del asambleísta Romero, mencionó que en estos meses se ha ido desacelerando la recaudación tributaria, así mismo el decrecimiento de ventas que al 13 de octubre está en alrededor del 13 %, es decir se va dinamizando.
En otro orden, dijo que en septiembre de 2020 se concluyó el análisis respectivo de variables para determinar cuántos agentes de retención quedarían. Subrayó que del universo de 220 mil agentes de retención quedaron 80 mil, es decir, se disminuyó 140 mil agentes de retención.
Planifica Ecuador
Los legisladores escucharon a Juan Vásquez, director de Planifica Ecuador quien indicó que el trabajo lo realiza en coordinación con el Ministerio de Finanzas. Hace seguimiento al análisis de un total de 166 entidades, incluyendo 418 programas institucionales y 615 proyectos de inversión. Sus ejes de acción: derechos para todos durante toda la vida; economía al servicio de la sociedad; más sociedad, mejor Estado.
Al referirse a la ejecución por objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, señaló que de enero a junio de 2020 se codificó más de 10 mil millones de dólares y se ejecutó alrededor de 4600 millones, dando prioridad a garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, incentivar una sociedad participativa; y, garantizar la soberanía y la paz, estableciendo estrategias para posicionar al país en la región y el mundo, que constituyeron la mayor asignación presupuestaria.
También dio a conocer los resultados de los principales programas. Sostuvo que se destinó un monto por más de 800 millones de dólares al Ministerio de Salud para la renegociación de servicios hospitalarios para atención a pacientes críticos por Covid-19; además se dio prioridad a temas sociales, por ejemplo: operativos policiales; mantener la soberanía territorial, dar atención a personas vulnerables y en extrema pobreza, etc.
Franco Romero, presidente de la Comisión de Régimen Económico, indicó que el viernes 30 de octubre, nuevamente los parlamentarios se reunirán para estructurar el informe no vinculante de la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2020.
JLVN/cz
Juristas analizan creación de Tribunal de Cuentas del Estado
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el legislador José Serrano, sesionó este miércoles 28 de octubre de 2020. La mesa recibió a los expertos y docentes universitarios en derecho Miguel Hernández y Juan Carlos Benalcázar, quienes se refirieron al proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas del Estado.
El docente Miguel Hernández indicó que las instituciones del Estado tienen funciones específicas. En este marco, la Contraloría General del Estado tiene una función estelar de control. Agregó que el proyecto de ley es viable desde la perspectiva conceptual puesto que se busca establecer un cuerpo colegiado que pueda determinar responsabilidades mediante dos salas.
El experto añadió que el proyecto, como está redactado, presenta tropiezos constitucionales puesto que el Tribunal de Cuentas buscaría reemplazar a la Contraloría como ente de control de lo público. “Según la Constitución no se puede reemplazar una institución por otra”, señaló.
Expresó que se debe rescatar lo positivo de esta propuesta de ley, por lo que sugirió que el Tribunal de Cuentas sea un órgano interno de la Contraloría y que esta quede establecida en la ley, dijo. Hay partes que no pueden eliminarse y son rescatables de este proyecto de ley, finalizó.
El experto Juan Carlos Benalcázar, de su lado, se refirió a que dentro de la propuesta de ley deben establecerse dos aspectos a replantearse para evitar problemas o vicios constitucionales. El primero es entender que la Contraloría General del Estado sea una instancia de lucha contra la corrupción en todas sus dimensiones. El segundo, sobre las garantías que deben tener las partes en el debido proceso, a fin de llevar procesos más ágiles y eficientes, dijo.
Habló de los principios que debe tener la Contraloría, el Contralor y los funcionarios, así como los procesos de control. Agregó que los requisitos para los miembros del Tribunal de Cuentas deben ser más severos para llevar a cabo los procesos de alta dirección y respeto al debido proceso.
Así mismo, estableció que la mesa debe trabajar en textos alternativos y enriquecer la propuesta con otros aportes para dejar por fuera vicios de constitucionalidad, específicamente en lo referente a la eliminación de la figura del Contralor.
Estuvo también como invitado el magistrado José Manuel Suárez, consejero del Tribunal de Cuentas de España, se refirió al órgano de deliberación de carácter colegiado y las acciones de control que se realizan en un debate por lo que, a su juicio es más difícil registrarse actos de arbitrariedad.
Habló, entre otras cosas, sobre la regulación de control interno, mismo que está separado del control externo. Dijo que los fines de la ley se sujetan a los requerimientos de la Constitución ya que se encarga del control de las cuentas y los recursos públicos.
Es necesaria la independencia para el cumplimiento de las acciones de control, señaló. La propuesta es moderna y democrática. Además, el tribunal permitirá una deliberación plural y no de manera personal, señaló.
De su lado el presidente de la mesa, José Serrano hizo hincapié en que el organismo parlamentario, con el tratamiento de esta iniciativa, busca la pertinencia constitucional para determinar si se altera o no la estructura del Estado, o si solo se necesita de la promulgación de la misma mediante una ley orgánica.
EA/cz
Comisión solicita que Planifica Ecuador revise a detalle reforma a Ley de Empresas Públicas
En una nueva reunión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Económico continuó con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. En el proceso de socialización, los comisionados recibieron a Álvaro Carrera, asesor jurídico de Planifica Ecuador, quien tenía previsto emitir observaciones a la norma, sin embargo, de manera muy breve dijo que la reforma busca convertir a la empresa pública en empresa privada.
Este pronunciamiento fue criticado por el asambleísta Fernando Burbano, quien señaló que es vergonzoso que se diga que la intención de la Ley es privatizar las empresas públicas.
La declaración del funcionario de Planifica Ecuador causó molestia en los legisladores Esteban Albornoz, Rubén Bustamante, Homero Castanier y Elizabeth Cabezas, quienes cuestionaron que desde el órgano de Planificación no se revisara a detalle el proyecto de Ley para emitir observaciones.
Lo que se buscaba con la intervención, dijeron, era conocer aportes claros y concisos que contribuyan al debate. Pidieron que en una nueva comparecencia se explique, además, cuál es la función que ha realizado Planifica Ecuador durante los cuatro años de Gobierno.
De su parte, el asambleísta César Rohon señaló que las empresas públicas deben generar recursos para el Estado y no es posible que no tengan estados financieros o no den cuenta de resultados. Así mismo, cuestionó el cambio constante de funcionarios, eso dificulta una administración eficiente, opinó.
Indicó que es conveniente que las empresas públicas regresen al informe previo de Contraloría, a fin de tener control, contar con un sistema de inteligencia comercial y contar con declaraciones juramentadas de sus gerentes.
Mientras que la legisladora Doris Soliz indicó que no es posible la generalización y decir que todo lo público funciona mal y lo privado es mejor. Propuso exponer los criterios conforme el marco constitucional, evitar la generalización y profundizar el debate desde varias aristas.
Una vez finalizado este punto, el presidente de la Comisión Esteban Albornoz manifestó que enviará una carta de protesta a Planifica Ecuador por la intervención del funcionario, en relación al espíritu de la reforma a la Ley de Empresas Públicas.
Reactivación de Esmeraldas y Manabí
En otro tema, los asambleístas trataron el proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación de Esmeraldas y Manabí. En tal sentido, el titular de la mesa Esteban Albornoz indicó que Ecuador siempre estará en deuda con ambas provincias, sin embargo, recalcó que varias iniciativas que recoge este proyecto ya fueron incluidas en otras normativas.
Por ejemplo, resaltó que en la Ley de Fomento Productivo se incluyeron artículos para la reactivación económica de Esmeraldas y Manabí, exoneración tributaria, beneficios reales y concretos desde punto de vista legal, beneficios para el sector de la pesca, entre otros.
En la Ley de Emprendimiento también se establecieron créditos preferentes para ambas provincias. La mesa tiene previsto contar con un informe para primer debate la próxima semana.
SV/cz
Relaciones Internacionales analizó borrador del informe sobre la resolución que condena pesca ilegal en Galápagos
La Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el asambleísta Fernando Flores conoció y analizó, la tarde de este martes 27 de octubre de 2020, el informe para dar cumplimiento a la Resolución del Pleno de la Asamblea Nacional que condena la pesca ilegal de la biodiversidad marina de Galápagos y el mundo.
El documento, de cerca de 84 páginas, recoge el proceso de investigación seguido por el organismo parlamentario, cuyo objeto es investigar, analizar y convocar a las autoridades pertinentes, según el mandato contenido en la Resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea, el pasado 4 de agosto de 2020.
La estructura del informe establece el objeto, los antecedentes, sesiones de la mesa, análisis y razonamiento, así como la síntesis de las declaraciones de los comparecientes. También recoge un análisis pormenorizado de los 16 artículos de la Resolución, el marco normativo aplicable; y, finalmente las 30 conclusiones y 24 recomendaciones que se desprenden del proceso investigativo. También, sería el asambleísta Dennis Marín el ponente del mismo ante el Pleno.
El texto, concluye, entre otros aspectos, que la pesca no sostenible, ilegal, no declarada y no reglamentada realizada por buques extranjeros entre la zona económica exclusiva (ZEE) de Ecuador continental y de las Islas Galápagos, cerca de la Reserva Marina de Galápagos, estaría atentando en contra de especies en peligro de extinción y de toda la biodiversidad marina presente en la zona.
También establece que de la investigación efectuada, la Comisión deduce que existieron cadenas de desinformación y falta de actuación de las autoridades competentes, principalmente del Régimen Especial de Galápagos, Relaciones Exteriores y Ambiente. Esto sería, puesto que las acciones de pesca ilegal en la zona determinada y cercana a las Islas Galápagos no solo corresponden al año 2020, sino a varios años atrás.
En el texto también se concluye que el Estado mantiene activos diferentes instrumentos internacionales, sin embargo las autoridades estatales no han cumplido con el mandato constitucional y legal de actuar bajo el principio de efectividad y oportunidad, con los cuales se podría haber tenido mecanismos de fortalecimiento de acciones en pro de prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada.
El presidente encargado de la mesa, tras la lectura del texto íntegro del borrador del informe, solicitó que los comisionados realicen aportes, observaciones y sugerencias al documento.
EA/cz
Soberanía Alimentaria aprobó articulado del proyecto de Desarrollo Agrario
a Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, que preside Lenin Plaza Castillo, con siete votos, el articulado del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, que tiene por objeto establecer el régimen jurídico para el desarrollo de este sector, propiciando la integralidad y sustentabilidad en el territorio nacional, en las diferentes etapas de la cadena agroproductiva.
El proyecto se compone de 178 artículos, ocho disposiciones generales, 12 transitorias, tres disposiciones derogatorias y la disposición final. El título primero contiene los principios, definiciones, lineamientos de la Política Agropecuaria, los derechos y responsabilidades.
El título segundo se refiere al Sistema Nacional para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario, sus generalidades; los organismos que lo conforman; la Autoridad Agraria Nacional; la entidad encargada de la Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca; el Consejo Consultivo para el Desarrollo del Sector Agropecuario; la entidad encargada de la Investigación Agropecuaria; y, el rol de los gobiernos autónomos descentralizados.
El tercer título está relacionado con la Planificación Participativa para el Desarrollo Agropecuario. Mientras, el título cuarto contiene aspectos como el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario; la tierra rural con fines productivos; el agua de riego y de actividades agroproductivas; el trabajo agropecuario y el empleo rural agrícola y no agrícola; el capital e incentivos para el desarrollo de este sector; crédito productivo; seguro agropecuario; reinversión ciudad-campo; Fondo Nacional del Sector Agropecuario; innovación tecnológica y capacitación productiva; personas naturales y jurídicas; empresas agropecuarias y agroindustriales; y, comercialización.
Para el título quinto, el texto prevé normas específicas para el desarrollo del sector agropecuario, con un Plan Nacional de reconversión Agrícola. En tanto, el sexto versa sobre los factores que inciden en el desarrollo del sector agropecuario. Finalmente, el título séptimo establece los procedimientos administrativos, infracciones, sanciones y responsabilidades.
La normativa es de cumplimiento obligatorio para las entidades que conforman el sector público; las personas naturales o jurídicas del sector privado, de la economía popular y solidaria, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, y todas aquellas, cuya actividad se encuentre relacionada con el sector agropecuario.
El organismo legislativo desarrolló una serie de actividades relacionadas con la socialización del proyecto, a nivel de las entidades públicas y privadas, organizaciones de productores, gremios, asociaciones, así como la academia y los organismos internacionales de cooperación relacionados con la producción agrícola y pecuaria. Para el efecto, visitó varios cantones, entre ellos Ventanas, Chone, Naranjito, El Carmen y Machala para conocer las inquietudes de los productores agropecuarios.
Lenin Plaza, titular de la mesa, tras agradecer el trabajo de los legisladores y el aporte de los delegados del Consejo Técnico, que hizo posible estructurar una normativa que permitirá fomentar y desarrollar al sector agropecuario, en condiciones de sustentabilidad y sostenibilidad, a fin de asegurar la soberanía alimentaria. Indicó, además, su aspiración de que el primer debate en el Pleno se desarrolle a mediados de noviembre.
