Quito.– Con el propósito de proteger la infraestructura energética estratégica del país y combatir de manera frontal las perforaciones clandestinas que afectan al sistema de transporte de combustibles, Petroecuador y el Ministerio del Interior suscribieron un convenio específico de cooperación interinstitucional que fortalecerá las acciones de seguridad y control en la Red Nacional de Poliductos, Oleoductos y Gasoductos.
El acuerdo contempla el apoyo operativo de la Policía Nacional del Ecuador, que reforzará la vigilancia y custodia de las instalaciones hidrocarburíferas para garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles a escala nacional y prevenir pérdidas económicas derivadas de actividades ilícitas.
La suscripción estuvo a cargo del ministro del Interior, John Reimberg, y de la gerente general subrogante de Petroecuador, María Daniela Conde, quienes ratificaron el compromiso del Gobierno de tratar la seguridad energética como un asunto estratégico de interés nacional.
El convenio establece respaldo técnico, logístico y económico a la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos (UIDH) por un período de cuatro años, con el objetivo de fortalecer la investigación especializada, coordinar operaciones de inteligencia y consolidar procesos de judicialización contra redes dedicadas al robo de combustibles.
Como parte del plan, se destinará una inversión de 10 millones de dólares para potenciar las capacidades policiales en áreas de inteligencia, tecnología, movilidad y gestión investigativa. Las autoridades proyectan reducir al menos en un 15 % la afectación económica provocada por perforaciones clandestinas hasta 2026.
De manera complementaria, Petroecuador avanza en la modernización y automatización de los poliductos Libertad–Pascuales, Libertad–Manta y Pascuales–La Troncal, mediante la instalación de sensores y sistemas de monitoreo en tiempo real que permitirán detectar caídas de presión asociadas a intervenciones ilegales y activar respuestas inmediatas del personal técnico y de la Fuerza Pública.
Con estas acciones, el Ecuador consolida una política integral de seguridad hidrocarburífera orientada a proteger los activos energéticos, garantizar el suministro de combustibles y salvaguardar los recursos del Estado.
