Jairo Salazar, abogado del equipo jurídico de la Unión de Afectados por Texaco, explica que no es como se publica en un medio nacional de que se han apagado 112 mecheros, de los más de 470 que están en las provincias de Sucumbíos y Orellana y que según la demanda que presentaron las nueve niñas, hasta el 29 de marzo, debían estar todos estos mecheros eliminados.
UNA PUBLICACIÓN EN UN MEDIO NACIONAL, DICE QUE PETROECUADOR HA APAGADO 112 MECHEROS. ¿CUÁL ES LA REALIDAD DE ESTA PUBLICACIÓN?
El día de ayer (28 de marzo) estuvimos en una audiencia en la que la juez, encargada del cumplimiento de la sentencia de ejecución, tenía la obligación de solicitar un informe, de cuánto se ha cumplido de esta sentencia.
Primero, quiero manifestar, respecto a la intervención del Ministerio de Energía y Minas. Ellos presentan un Reglamento a fecha de noviembre del 2022, tomándose atribuciones que no les competen y solo en el área administrativa, de determinar que los centros poblados, son aquellos poblados o caseríos con más de 20 familias.
Segundo, creemos que es imposible que se saque un reglamento a noviembre de 2022 y que ahora en marzo 2023, nos digan que ya se ha cumplido con el apagado de 112 mecheros. Cabe indicar que la sentencia manifiesta una situación principal, es de: eliminar los mecheros.
Tenemos que ser claros, puede ser que se apague la llama, pero que se siga ventilando el gas. Eliminar es sacar el tuvo, las instalaciones, la línea de conducción de gas y seguir extrayendo crudo.
Creemos que estas aseveraciones del Ministerio de Energía y Minas, no son enmarcadas en la realidad. Les han dado 18 meses, que concluyen este 29 de marzo del 2023 y durante todo este tiempo, nosotros como Unión de Afectados, con las niñas accionantes, solicitamos involucrarnos en todos los procesos de control trimestral, que la Defensoría del Pueblo debía realizar y no nos han dado el espacio para hacerlo. De manera que es una falacia, una mentira que hayan apagado los 112 mecheros.
Primero, porque no entregaron una nómina en la que indiquen qué mecheros los apagaron. Los dos únicos que se refirieron de haber apagado son los de la estación de Lago Central, que creemos que se han eliminado esos mecheros. El resto, los 110, no sabemos si es real o no. Esto respecto al Ministerio de Energía y Minas.
La segunda intervención la hace el Ministerio de Ambiente, donde manifiestan que el control que debía realizar, que tenían seis meses para ejecutar este control, plazo que ya se les acabó, lo único que han estado esperando es que se eliminen los mecheros para de ahí empezar el proceso de control, para ver si se restauran los ambientes alrededor de donde estaban los mecheros, por tanto este Ministerio también manifestó que no ha cumplido dicha sentencia.
El tercer ministerio que tenía que intervenir es el Ministerio de Salud, no se presentó a la audiencia habiendo estado notificado, al no presentarse no entregaron información alguna, ya que también tenían seis meses para levantar un estudio de cuántos pacientes oncológicos hay en la provincia e inmediatamente solicitar la creación de un centro de atención oncológica dentro del hospital Marco Vinicio Iza.
Por último, Petroecuador, quienes manifestaron que se encargaron de ir apagando los mecheros, con un plan de contingencia, dado a mediados del año anterior, pero que en realidad no se lo ha efectivizado hasta el día de hoy. Es decir que ninguno de estos entes encargados del cumplimiento de la sentencia, llevaron documentos (a la audiencia) que prueben realmente qué mecheros fueron eliminados y cuáles no.
Entonces, la noticia es que según ellos los han apagado, pero es una noticia similar a la que seis meses atrás, la Gobernadora decía: “hoy hemos eliminado el 95 por ciento de los mecheros”.
AHORA, ¿CUÁL ES EL PROXIMO PASO O PROCESO QUE SE VA A REALIZAR?
Se dice que se creará una Comisión en 20 días, recién crearla, para llamar a otra audiencia, para de ahí, proponer qué se puede hacer. Eso nos preocupa, porque si en 18 meses, no hicieron nada, qué harán ahora.
Nosotros desde el equipo jurídico, hemos propuesto medidas coercitivas. Primero, que creemos que es un cumplimiento de sentencia, para que se haga el trámite respectivo desde la jueza constitucional, para que pueda dar paso a la Fiscalía y se investigue el porqué del incumplimiento de una sentencia de orden o mandato de una autoridad competente, que ya se convierte en un delito.
Lo segundo es que en 18 meses de inoperancia, que los encargados de cumplir esta sentencia, no lo han hecho, sencillamente es porque no han querido. Creemos entonces, que vengan las acciones, para que estos ministros dejen sus puestos, con el objetivo para que vengan personas que realmente velen por el bienestar de la población de la Amazonía.
