Los asambleístas de la Comisión, en la ciudad de Tena escucharon a la ciudadanía y receptaron
aportes para la investigación, esperan conocer a los verdaderos culpables del daño a la naturaleza
y a la vida de miles de ciudadanos de Napo.
Luego de haber transcurrido un mes del operativo “Manatí”, ejecutado por militares y policías
en Yutzupino-Napo, para desalojar a mineros ilegales. Aduciendo dar respuestas a la ciudadanía,
el pasado 11 de marzo del 2022, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional
que preside el asambleísta napense Washington Varela, presidente de la Comisión y varios de sus colegas,
desarrollaron la sesión Nro. 062 en la ciudad de Tena, donde receptaron criterios, denuncias y aportes
de autoridades y activistas para avanzar en la investigación parlamentaria sobre lo ocurrido en el río
Jatun Yakuc, comunidades Yutzupino y Silverio Andy.
Nuestra postura es que en la Amazonía no debe haber minería, elaboraremos un informe imparcial,
mismo que debe ser tratado en el Pleno Legislativo y de ser el caso remitido a la Fiscalía
General del Estado para la investigación pertinente, expresaron varios legisladores.
Autoridades locales justificaron acciones contra la minería ilegal
En la misma sesión, Rita Tunay, prefecta de Napo, entregó documentación enviada a los organismos
de control desde el año 2020 y destacó que en el marco de sus competencias buscó respuestas y
acciones en contra de la minería ilegal en el sector de Yutzupino. Sin embargo,estas no fueron
atendidas, ni escuchadas, exclamó. Exhortó a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional
a que identifique a los responsables de los daños ambientales ocasionados en este sector.
Igualmente, Wilfrido Villagómez, gobernador de Napo, manifestó que mantuvo reuniones con varias
instancias para articular acciones encaminadas a combatir la minería ilegal.
“En alguna ocasión el control se vio debilitado por la presencia de personas armadas
en la zona (…) posteriormente, se planificó desarrollar el operativo que hoy tiene resultados”, indicó.
Representantes de colectivos sociales, activistas defensores de la naturaleza y la sociedad
civil de Napo, ven con preocupación la lentitud en las investigaciones para conocer a los verdaderos
responsables de lo ocurrido en Yutzupino. Además, les inquieta las acciones jurídicas que han
emprendido algunos propietarios para recuperar las 148 retroexcavadoras incautadas, según dio
a conocer Sandra Rueda, integrante del equipo jurídico que defiende a los denunciantes.
Acción de protección para suspensión de actividades mineras
Además, informó Rueda, que los denunciantes habían presentado una acción de protección
en la Corte Constitucional, de la cual ya obtuvieron una resolución parcial favorable,
el propósito es que de forma urgente procedan a la: Suspensión inmediata de las operaciones mineras.
Cierre de las concesiones que no han cumplido con la Ley y han destruido la naturaleza.
Determinen las zonas afectadas. Restauración y remedición de lo destruido y no se entregue concesiones
de ese tipo de en áreas de fuentes hídricas.
Por otro lado, nueve personas que aducen ser propietario de las máquinas (retroexcavadoras) han
presentado acciones de protección, a lo cual los Jueces respectivos les han negado por dos ocasiones.
Con motivo de la audiencia donde se negó la posible devolución de la maquinaria a los supuestos dueños,
el pasado 16 de marzo del 2022, asistió hasta la Corte Provincial de Justicia de Napo,
Paúl Desamblanc Cañadas, vicepresidente del Parlamento Andino, para presentar el recurso
de “amicus curiae”, con el cual reforzará la defensa técnica para que los jueces tengan argumentos
suficientes para emitir la sentencia.
Esperan conocer a los responsables del daño en Yutzupino
“Esperamos que la Comisión de Biodiversidad cumpla la palabra de presentar un informe imparcial
y completo donde consten los responsables del daño ocasionado al río Jatun Yaku,
comunidades Yutzupino, Silverio Andy y otras. (…) hay autoridades que deben responder por no
haber actuado a tiempo…. Hay personas del sector que fueron engañados por los mineros y que
deben ser asistidos por el Estado….Nosotros continuaremos denunciando, investigando y luchando
hasta las últimas consecuencias”, indicó Sandra Rueda.
