La reforma fue aprobada en segundo debate con 87 votos a favor. Entre los cambios se incluyen nuevas reglas para fotorradares, la creación de la tercera placa, validez nacional de la Revisión Técnica Vehicular y mayores controles a los GAD.
La Asamblea Nacional aprobó, el 3 de septiembre de 2026, en segundo debate y con 87 votos afirmativos, el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, una iniciativa que incorpora cambios en materia de seguridad vial, control vehicular y gestión del transporte en Ecuador.
El proyecto fue desarrollado durante más de un año con participación técnica de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), mediante mesas de trabajo, análisis especializados y coordinación con la Asamblea Nacional y distintos actores vinculados al sistema de tránsito y transporte.
La reforma plantea como uno de sus principales objetivos fortalecer la seguridad vial y la prevención de siniestros, frente a las cifras registradas en el país. De acuerdo con datos citados por la ANT, durante 2024 Ecuador contabilizó 2.302 personas fallecidas y 18.312 lesionadas en siniestros de tránsito, con un impacto socioeconómico estimado en USD 5.480 millones anuales.
Cambios para los fotorradares
Uno de los principales puntos de la reforma establece nuevas condiciones para el funcionamiento de los dispositivos tecnológicos de control de tránsito.
Los contratistas privados que operen fotorradares no podrán recibir porcentajes ni incentivos económicos vinculados con la recaudación de multas. Además, los puntos de control deberán contar con señalización ubicada al menos 500 metros antes, con el objetivo de reforzar su carácter preventivo.
Creación de la tercera placa
La reforma contempla la implementación de la denominada tercera placa, un dispositivo electrónico de identificación vehicular que permitirá fortalecer el control, facilitar la identificación de automotores y mejorar el intercambio de información entre las instituciones responsables del tránsito.
La medida busca avanzar hacia un sistema con mayor interoperabilidad de datos a escala nacional.
Revisión Técnica Vehicular tendrá validez nacional
Otro de los cambios establece que la Revisión Técnica Vehicular (RTV) aprobada en cualquier centro del país tendrá validez a escala nacional.
Con esta disposición, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) no podrán imponer multas o cobros retroactivos únicamente porque un vehículo haya realizado la revisión fuera de su jurisdicción.
Depuración de multas
La reforma también contempla la eliminación de determinadas contravenciones y réplicas registradas mediante convenios con GAD de tipo B que no tenían competencia para ejercer control operativo.
La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) tendrá un plazo de 90 días para ejecutar esta depuración en la Base Única Nacional, de acuerdo con lo establecido en el proyecto.
Mayor protección para peatones y ciclistas
El proyecto incorpora disposiciones relacionadas con la protección de los usuarios más vulnerables de las vías. También refuerza los controles sobre las condiciones mecánicas de los vehículos, el uso de sistemas de retención infantil y la realización de auditorías de seguridad vial.
La normativa establece además parámetros técnicos para motocicletas, tricimotos y nuevas modalidades de vehículos eléctricos, así como restricciones para su circulación por autopistas, vías perimetrales y la Red Vial Estatal.
Nuevas reglas para delivery
La reforma contempla la regulación de los servicios de entrega de bienes a domicilio (delivery), con el propósito de ordenar esta actividad y establecer parámetros para su funcionamiento dentro del sistema de transporte.
También se prevé la incorporación de nuevas modalidades de movilidad bajo criterios técnicos y de seguridad.
Supervisión a los gobiernos municipales
La ANT tendrá mayores facultades de supervisión sobre la gestión de tránsito que ejercen los GAD municipales. La finalidad es establecer criterios técnicos comunes y adoptar medidas ante posibles incumplimientos o irregularidades en la administración del tránsito.
El proyecto también establece que la ANT podrá delegar al Registro Civil la emisión de licencias de conducir cuando lo considere necesario, con el objetivo de ampliar y optimizar los servicios destinados a los ciudadanos.
Registro Nacional Integral y tarifas de transporte
La reforma propone desarrollar un Registro Nacional Integral que concentre información sobre títulos habilitantes, registros y actos administrativos emitidos tanto por la ANT como por los municipios.
Asimismo, la determinación de tarifas, rutas y frecuencias deberá sustentarse en metodologías y estudios técnicos que consideren las necesidades reales de transporte, los costos de operación, la sostenibilidad y la continuidad del servicio.
Sistema nacional de peajes
En materia de peajes, se plantea la creación de un Sistema Nacional Unificado de Recaudación y Gestión de Peajes, que permitirá conectar los diferentes sistemas existentes en el país.
La propuesta busca facilitar la movilidad de los usuarios y mejorar la interoperabilidad, manteniendo la administración de los ingresos correspondientes en manos de cada responsable vial.
Próximo paso
Tras su aprobación por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto deberá ser remitido a la Presidencia de la República para el proceso correspondiente de sanción u objeción.
Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia una vez que la reforma sea promulgada y publicada en el Registro Oficial. A partir de entonces, la ANT deberá coordinar con las instituciones involucradas la aplicación de los cambios contemplados en la normativa.
La reforma plantea así una reorganización de varios componentes del sistema de tránsito ecuatoriano, con énfasis en la seguridad vial, la modernización tecnológica, la regulación de nuevas modalidades de movilidad y una mayor coordinación entre las entidades responsables del control y transporte.
