Mediante el Decreto Ejecutivo 288, el presidente Daniel Noboa autorizó a los ministerios del Interior y de Defensa a evaluar y declarar, de manera independiente y dentro de sus competencias, situaciones de emergencia institucional que permitan agilizar la adquisición de bienes y servicios necesarios para la seguridad y el orden público.
La medida busca acelerar los procesos de contratación destinados a fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, en un contexto marcado por el incremento de la violencia en el país. El decreto establece que cualquier declaratoria de emergencia deberá ajustarse a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y a su reglamento, lo que implica la emisión de resoluciones motivadas, la justificación de la urgencia y la publicación de las decisiones en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió al tema este martes 20 de enero durante una entrevista televisiva. Señaló que la eventual declaratoria de emergencia tiene como objetivo fortalecer de forma más rápida a las instituciones de seguridad, sin dejar de lado los controles y auditorías correspondientes.
“Más allá de que todo sea correctamente auditado y verificado, necesitamos adquirir lo necesario de forma más rápida para que las fuerzas cuenten con las herramientas que requieren”, indicó el funcionario. Agregó que los procesos tradicionales de contratación pueden resultar extensos frente a las necesidades operativas proyectadas hasta 2026.
Reimberg precisó que la emergencia no será general, sino focalizada en requerimientos urgentes. “No voy a declarar la totalidad, porque no es necesario. Se hará únicamente en aspectos puntuales de la Policía”, afirmó. En ese marco, informó que en las primeras semanas del año la institución ya recibió motocicletas y que se espera la incorporación de al menos 500 vehículos adicionales.
El ministro recalcó que el proceso se realizará de forma articulada con el Sercop, a fin de garantizar transparencia y evitar interpretaciones erróneas. “Todo será auditado y verificado para que se haga de manera más rápida, pero con total control”, sostuvo.
La decisión del Ejecutivo se da en un escenario crítico de seguridad. Ecuador cerró 2025 con más de 9 100 homicidios, convirtiéndose en el año más violento de su historia reciente, con una tasa estimada de 52 asesinatos por cada 100 000 habitantes.
