El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este 6 de enero de 2026 la ordenanza que regula la denominada “tercera placa”, un dispositivo electrónico de identificación vehicular que busca reforzar el control del tránsito y modernizar la gestión de la movilidad en la capital. La normativa establece el marco legal para la incorporación de esta herramienta tecnológica en el sistema de transporte del Distrito Metropolitano.
La ordenanza fue aprobada tras dos debates en el Concejo y contó con el respaldo de 20 concejales. El texto regula el uso del Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular, define su implementación y fija un régimen de infracciones y sanciones. Según la normativa, el sistema funcionará como un apoyo tecnológico para la gestión del tránsito, sin sustituir las competencias de los agentes municipales.
La denominada tercera placa consiste en un adhesivo electrónico de alta seguridad que se colocará en el parabrisas de los vehículos y en un punto visible en el caso de motocicletas. El dispositivo podrá ser leído a distancia mediante antenas, pórticos y equipos móviles instalados en accesos, salidas y tramos estratégicos de la ciudad.
El secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó que el sistema permitirá acceder únicamente a la información de placa y chasis, y subrayó que la ordenanza prohíbe expresamente cualquier forma de rastreo o geolocalización. Según el funcionario, la herramienta permitirá automatizar controles que actualmente requieren presencia permanente de agentes de tránsito, como el uso indebido de carriles exclusivos.
El sistema también permitirá verificar documentación vehicular sin necesidad de detener a los conductores en la vía. Además, la información recopilada servirá para mejorar la planificación de la movilidad, al permitir conocer el volumen, tipo y horarios de circulación de los vehículos que ingresan y se desplazan por la ciudad.
Sobre los costos, Pérez aseguró que la instalación inicial del dispositivo será gratuita para los usuarios y que el Municipio asumirá el gasto, cuyo presupuesto referencial se ubica entre USD 4 y 5 millones. En caso de pérdida o daño del dispositivo, el propietario del vehículo deberá asumir el valor de reposición, que se estima entre USD 5 y 10.
La implementación no será inmediata. El concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, indicó que el proceso podría iniciar en el segundo semestre de 2026, una vez concluidos los estudios técnicos y los procesos de contratación pública. La instalación se realizará de forma progresiva durante la revisión técnica vehicular, con el objetivo de que hasta finales de 2026 todos los vehículos matriculados en Quito cuenten con el dispositivo.
La ordenanza no fija un número específico de pórticos para el sistema. Garrido señaló que inicialmente se prevé la instalación de cuatro o cinco, aunque también se aprovechará infraestructura existente, como los pórticos ubicados en los peajes de ingreso a la ciudad. El sistema podría ampliarse en el futuro, incluso para eventuales esquemas como un peaje urbano.
La normativa establece tres tipos de infracciones: leves, cuando el dispositivo se porta en un lugar distinto al autorizado; graves, cuando se interrumpe su lectura; y muy graves, en casos de falsificación. Las sanciones van del 15 % al 50 % del salario básico unificado y, en ciertos casos, podrán sustituirse por trabajo comunitario.
Durante el debate, concejales expresaron preocupaciones sobre la congestión vehicular y la protección de datos personales. La concejal Analía Ledesma advirtió que Quito enfrenta un problema estructural de movilidad, con un parque automotor que supera los 600 000 vehículos, y señaló la necesidad de garantizar seguridad en el manejo de la información y capacitación técnica para los agentes.
La tercera placa será obligatoria para los vehículos matriculados en Quito y para aquellos que realicen la revisión técnica vehicular en la ciudad. Para los automotores matriculados en otros cantones, la instalación será voluntaria.
