El 20 de diciembre del 2019 se cumplió el plazo de 120 días para que el gobierno nacional presente una respuesta definitiva y de resultados, referida a los acuerdos firmados el 20 de agosto del año anterior en Nueva Loja, entre los ministros enviados por el presidente Lenín Moreno y las autoridades de Sucumbíos; con el presidente de la asamblea provincial presidida por el prefecto Amado Chávez.
El gobierno nacional no ha cumplido con los acuerdos firmados; tampoco el presidente de la asamblea provincial ha dicho algo sobre este tema; por eso la directiva del Frente de la Sociedad Civil de Sucumbíos (FSCS), actor importante en las reuniones de agosto del 2019, sugirió se le pida al prefecto Chávez delegue ese compromiso a otra autoridad. En tanto que la ciudadanía se manifestó por el nombramiento de un nuevo presidente de la asamblea provincial, personaje que puede salir del Frente e incluso de la misma sociedad civil de Sucumbíos.
La asamblea del FSCS se dio el miércoles 12 de febrero en el salón de la ciudad. En esta asamblea estuvieron en la mesa principal, el presidente de FSCS, Ricardo Cordero; Hernán Macas, por la Cámara de Comercio; Hérmel Chávez, por el Frente de Defensa de la Amazonía; Carlos Acero, asesor jurídico del Frente; Julio González, asesor político; Jorge Valverde, directivo del Frente, quien fuera presidente de asamblea de la Sociedad Civil; Vilma Mendosa, del comité de usuarios del servicio de energía eléctrica.
También estuvo la directiva de la Federación de Mujeres de Sucumbíos (FMS) y representantes de las organizaciones que la conforman, de los cantones de la provincia. Alcaldes, presidentes de los gobiernos parroquiales y más autoridades no fueron parte de esta asamblea convocada por el Frente.
El Frente, de alguna manera, reemplazó a lo que fue la asamblea de la ASCS en razón de que esta institución dejó de tener representación desde que se reorganizó hace 2 años; aunque tuvo papel preponderante entre los años 2000 y 2004, en la asamblea biprovincial, en conjunto con la provincia de Orellana.
La convocatoria, del 12 de febrero, básicamente fue para evaluar el acta firmada con el gobierno nacional el 20 de agosto que, al cabo de 120 días, el 20 de diciembre del 2019, debía hacerse una evaluación que nunca se la hizo, ni por iniciativa del presidente de la Asamblea Provincial, menos por parte del actual régimen.
El Frente elaboró un informa en un libro entregado a los presentes. La intención del Frente, dijo Laura Marín, se trata de hacer escuchar la voz de Sucumbíos; nuestra provincia huérfana de representantes y voces oficiales que reclamen sus derechos; “la voz que se escucha en este documento, es exclusivamente, la voz del pueblo”. La voz de la Sociedad Civil organizada. Nuestra historia lo acredita con la existencia de la Asamblea de la Sociedad Civil y la asamblea biprovincial, junto con la provincia de Orellana. Martín señaló que el documento es un ejercicio de participación ciudadana. “Como una tarjeta roja, a quien rompe el diálogo, incumple y criminaliza como respuesta, junto a todos sus cómplices locales y regionales”, subrayó.
Casi nada se ha cumplido
De las 8 temáticas y la reunión de mesas de trabajo en los diferentes puntos, firmados el 20 de agosto del 2019, muy poco ha hecho el gobierno nacional en Sucumbíos, explicaron los dirigentes: En referencia a la elaboración de los reglamentos para la Ley Amazónica y Desarrollo Fronterizo, Cristina Restrepo, concluyó que: “hasta la presente fecha, no se ha publicado el reglamento general de la Ley Amazónica (debía ser publicado en el Registro Oficial, hasta el 15 de septiembre del 2019); el gobierno incumplió con todo el procedimiento; no se socializó el proyecto. Se publicó el Reglamento de la Ley de Desarrollo Fronterizo, el 28 de noviembre”, dijo.
En vialidad: se ha trabajado en una mínima parte, en el mantenimiento de ciertas vías, mediante el bacheo; no obstante, las condiciones de estas vías parece que en casi nada han cambiado, menos aún se ha trabajado en la construcción o ampliación de vías, como la que conduce de Lumbaqui hasta Julio Andrade, en la provincia del Carchi, donde el gobierno nacional se comprometió a construir 20 kilómetros por cada año y asignar un presupuesto para este fin.
Promesa de universidad
En educación, la situación sigue igual que antes del 20 de agosto. La universidad debió crearse hasta este 2020; pero todavía nada hay. “Ni siquiera para los estudios, en este año la Senescyt (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación), no ha puesto un centavo; en el 2020 no existe presupuesto para estudios. Existe para este fin una suma insuficiente asignada por el consejo de planificación amazónico (CPA) de 1.300.000 dólares, para las 4 universidades (Sucumbíos, Orellana, Morona y Zamora) porque un estudio de esa naturaleza, puede estar hasta en 700.000 dólares”, explicó Jorge Valverde. Menos aún existen recursos para la implementación de la universidad, dijo el directivo del Frente. Julio González dijo que hasta que la Asamblea Nacional apruebe la creación de la universidad estatal en Sucumbíos, habrán pasado al menos 3 años.
En los demás temas como: devolución del impuesto al valor agregado (IVA) y asignaciones por la Ley Amazónica, a los gobiernos autónomos locales; auditoría para que las empresas mineras y petroleras fijen su domicilio tributario, en la provincia; continuar adquiriendo el combustible dentro de la cuantía doméstica, de parte de los gobiernos parroquiales; acumulación del fondo común amazónico; creación del Servicio de Contratación Pública (Sercop) en Sucumbíos; y las reuniones de mesas de trabajo, para dar seguimiento a todas estas acciones. Resumiendo, casi nada ha hecho el gobierno nacional, señalaron.
Balance negativo
Nada se ha hecho desde las mesas de trabajo, resaltaron los responsables de la evaluación de las mesas de ambiente, derechos humanos; comercio, turismo y seguridad ciudadana; salud; agroproducción, economía popular y solidaria.
Con relación a los créditos, que corresponden a la provincia por la Ley Amazónica, absolutamente nada ha habido, dijo Hernán Macas; todos los puntos que hemos planteado, ni siquiera se han tocado. Dijo que se debe rechazar la criminalización de quienes han reclamado los derechos que tenemos los sucumbienses y que ahora están presos. Exigimos su libertad, subrayó Macas. “Quienes deben estar presos son los ministros y todos los funcionarios del gobierno, que no dan atención a nuestra provincia”, concluyó.
